Por el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos – CLAM / www.clam.org.br

La crisis provocada recientemente por los cuestionamientos a la administración que el Consejo de las Américas hizo de los recursos del Fondo Global para la lucha del Sida, la Tuberculosis y la Malaria no afectó tan dramáticamente el área de tratamiento para las personas con el virus. Sin embargo, sí dañará fuertemente iniciativas destinadas a la prevención del sida.

Desde el año 2003, el Fondo Global entregó a Chile un total de 38,5 millones de dólares para ser utilizados en un plazo de 5 años, de los cuales faltaba liberar, este año, una pequeña parte para completar su trabajo en el país. Si todo hubiese salido bien, la iniciativa podría haberse prolongado. Sin embargo, tras una auditoría, el Fondo retuvo la última cuota equivalente a 800 mil dólares, paralizando lo que se estaba haciendo hasta la fecha en prevención.

A esta crisis se sumó la situación producida en el Hospital de Iquique, donde 25 personas no fueron notificadas sobre su condición de portadoras de VIH, cuatro de las cuales murieron. Este hecho puede transformarse en el argumento para que sectores conservadores cuestionen la actual Ley del Sida, que garantiza la confidencialidad y sólo permite la entrega de los resultados del Test a la persona que lo solicitó, un aspecto de relevancia para el resguardo de la privacidad en un país donde la discriminación contra las personas seropositivas sigue siendo alta.

Fernando Muñoz, sociólogo y presidente del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS, activista del movimiento homosexual, con importante trabajo político y de investigación en torno al VIH/sida, aborda estos temas y analiza sus proyecciones.

¿Cuál es la situación actual de la prevención y tratamiento del VIH/sida en Chile? ¿Qué consecuencias ha tenido la situación creada con los recursos del Fondo Global?

La atención y el tratamiento a las personas con VIH ya están considerados como política del Estado con la implementación del plan Garantías Explícitas de Salud (GES), resultante de la reforma al sistema de la salud en nuestro país. No así el tema de la prevención. Hay que recordar que el proyecto Fondo Global destinó poco más del 10% a la prevención. El grueso estaba considerado para mejorar la calidad de la atención, reforzar los equipos y buena parte era para cubrir el costo de los medicamentos.

El efecto que ha tenido la situación creada con los recursos del Fondo Global en ambas áreas es totalmente diferente. En el caso de la atención, se restó un proceso de mejoramiento que se había iniciado con el plan de Garantías Explícitas de Salud y mejorado con los recursos del Fondo Global.

Mientras tanto, en el área de la prevención quedamos casi en cero, porque –entre otras cosas– lo poco que había que hacer en prevención con recursos del Fondo Global se hizo mal, como lo fue el proyecto del “mercado social del condón”.

¿Qué pasa con el Comité País del Fondo Global, Asosida (Asamblea de organizaciones sociales y ONGs con trabajo en VIH/sida) y el nuevo Consejo Consultivo que ha anunciado el Ministerio de Salud para avanzar en este tema? ¿Cuál es la posición del MUMS?

Vamos a ver qué pasa. Asosida y el Comité País siguen trabajando y hay una coordinación de actores importante, con una buena comunicación con CONASIDA (Corporación Nacional del Sida) y con algunos niveles de ministerio. Los conflictos están con los niveles superiores del Ministerio de Salud, la subsecretaría y el ministerio como tal.

Hemos planteado algunas críticas a la gestión de Asosida y Vivopositivo (Coordinadora Nacional de Agrupaciones y Organizaciones de Personas Viviendo con VIH/sida – PVVIH) porque creemos que han sido extremadamente flexibles y generosos con el Gobierno en esta crisis. Ambas organizaciones fueron muy confiadas y no reaccionaron con la fuerza y contundencia con la que debieron haberlo hecho. Recién ahora lo están haciendo. Hoy, estas organizaciones funcionan mucho más como bloque común desde el ámbito de la sociedad civil, más autónomo y agresivo; algo que habían evitado en el período anterior, en que se le pedía al gobierno que buscara soluciones.

Se ha impulsado una ofensiva legal con la presentación de un recurso contra la Ministra y es posible que se presente otro recurso legal contra los Ministros que, como integrantes del Consejo de las Américas (que actuó como receptor principal de los recursos que entregaba el Fondo Global para la Lucha contra el Sida), tenían la responsabilidad política de que las cosas se hicieran bien.

La corrupción está en el Consejo, el gobierno no se robó la plata. Lo que sí hay de parte del gobierno es una responsabilidad política en tanto no tuvieron la supervisión adecuada, ni controlaron como debieron haber hecho. Ahí hay una responsabilidad profunda que no pueden ignorar.

La Ley del Sida prohíbe entregar resultados del Test de HIV a personas distintas de las que lo solicitaron, como requisito de confidencialidad. Frente a lo sucedido en Iquique, en que 4 personas murieron de sida sin haber sido notificadas de que eran seropositivas, estimándose que hay un número bastante mayor que tampoco ha sido informado, ¿consideran que ello representa un riesgo y que se generan condiciones para modificar la Ley y eliminar la confidencialidad?

Lamentablemente sí. El tema de la confidencialidad y la autonomía con que se ha manejado lo temas de VIH en Chile nunca ha sido muy bien visto. Hasta en sectores del gobierno ha habido resistencia. Sin embargo, hubo negociaciones para aprobar las condiciones en que está actualmente la Ley, donde quedó en evidencia un fuerte apoyo de los sectores progresistas de la Concertación (coalición de partidos de gobierno de centro izquierda).

Sin embargo, a mucha gente dentro del Gobierno no le agrada mucho esta excesiva libertad del tratamiento del VIH/sida. La situación de Iquique le abre el espacio tanto a la derecha más conservadora y más tradicional, como a sectores dentro del propio Gobierno que no ven con muy buenos ojos la voluntariedad y la autonomía con que pueden funcionar los organismos vinculados al tema del VIH/sida. Es grave que hoy esté todo en discusión. Podría llegar a modificarse la ley y, sin duda, sería un gran retroceso en este tema.

¿Cómo influyen los sectores conservadores en la opinión pública?

En Chile, el desconocimiento de la Ley del sida y los mecanismos para practicarse el examen es absoluto. La gente cree que hay problemas con el diagnóstico y el tratamiento del VIH, y eso no es así. Lo que sucedió en Iquique es que hay personas que nunca fueron a buscar sus resultados. Hay personas que creen que es deber del Estado buscarlos, pesquisarlos policialmente en el caso de que resulten positivos. Todo esto tiene que ver con una visión paternalista, autoritaria en que a las personas hay que tratarlas casi como si fueran niños y no supieran qué deben hacer.

¿Qué estrategia está adoptando el MUMS frente a esta nueva situación?

Fundamentalmente presionar a las redes. No creemos que ésta pueda ser una respuesta individual de un solo sector. Debe ser una respuesta mancomunada, desde el ámbito general de la sociedad civil. Creemos que tanto Vivopositivo y Asosida tienen la posibilidad de subir a más gente a este carro, personas que trabajan en el tema de la sexualidad y de los derechos reproductivos, para así efectivamente armar un frente común y establecer una mirada diferente. Sin embargo, hemos sentido que ha sido un tanto lento y flojo y nuestra estrategia fundamental ha sido presionar a las ONGs que tienen que liderar este proceso.

Lo más complejo de toda esta crisis es que se ha centrado en el tema de la atención de algunas personas que viven con VIH, pero la prevención no se ha abordado ni manejado. En esa área hay una gran crisis porque los fondos nacionales para la prevención son mínimos y sin la presencia de los recursos del Fondo Global, son aún más escuálidos. No se ha mencionado cómo evitar que otras personas contraigan el virus lo que sigue siendo el gran tema postergado sobre la situación del VIH/sida en Chile.