El derecho a la No Discriminación no solamente está consagrado en nuestra Constitución Política, sino que en la totalidad de los tratados internacionales, resoluciones y demás acuerdos complementarios de las Naciones Unidas, 
muchos de los cuales el Estado chileno ha ratificado, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; no obstante, este derecho parece ser tan solamente letras que adornan el papel.
Conforme al muestreo de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (Indh, 2013), el 80% de los chilenos hemos sido víctima de algún acto discriminatorio (por nuestra situación socioeconómica, sexo, apariencia, orientación sexual, religión, color de piel, ideología, etnia, entre otras razones). Podemos seguir añadiendo datos. Los jóvenes, que si bien conformamos uno de los grupos sociales más discriminados, somos uno de los más discriminadores, situación que debería hacernos pensar si las políticas públicas que el Estado implementa para combatir la discriminación son suficientes.
La Ley 20.609 “Que establece medidas contra la discriminación”, simplemente penaliza de forma especial los actos discriminatorios y a los diferentes poderes del Estado capacitar a sus trabajadores para no discriminar, pero ¿qué tanto puede hacer la Ley Zamudio frente a esta realidad, que discriminar y ser discriminado es parte de la cotidianeidad chilena?
En Argentina, existe el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) es un organismo estatal y autónomo del gobierno, creado en 1995 y que tiene como objetivos investigar y sistematizar las diferentes formas de discriminación en dicho país, recibir denuncias sobre actos discriminatorios y patrocinar judicialmente a las víctimas de forma gratuita, diseñar e impulsar campañas y proyectos educativos inclinados a la eliminación de las diversas formas de discriminación, y otras finalidades afines. Un organismo similar existe en México desde 2003, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). En nuestro país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha monitoreado las diferentes formas de discriminación, pero no logra hacerse cargo de este asunto; los derechos humanos son un campo de estudio y trabajo sumamente amplio.
El Movimiento por la Diversidad Sexual (Mums), desde hace algunas semanas ha sostenido diversas reuniones con ministros de Estado, diputados y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas, la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles) para presentar su propuesta de crear un Instituto Nacional de la Diversidad y la Inclusión en nuestro país. Una institución pública autónoma del Estado que tenga por objeto “elaborar políticas nacionales y medidas concretas para la promoción y protección de los derechos humanos de igualdad y no discriminación de las personas que habiten en el territorio de Chile”.
Espero que a los diputados que ya dieron su apoyo a esta iniciativa ciudadana de ley se sumen los demás y se sume también el gobierno. Mums, al desarrollar este proyecto de ley, investigó los efectos positivos del trabajo de organismos similares en otros países (incluidos Argentina y México, cuyos ejemplos ya he referido). La idea que ha tenido Mums no es antojadiza y, de concretarse, será un gran avance en nuestro país al estudio, análisis, combate y creación de políticas públicas en favor de la igualdad y la inclusión de todas y todos los chilenos.
Fabián Álvarez Muñoz
Activista del Movimiento por la diversidad sexual, MUMS
presidente de la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (Codeju).