Por Claudia Pascual y Juan Pablo Ciudad | Publicado en El Desconcierto | 17-11-2021
Tras el aumento de la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio en contra de las comunidades sexodisidentes, es que necesitamos un mayor reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la comunidad LGBTIQA+. Esto implica crear una institucionalidad propia, como un Servicio Nacional Antidiscriminación que permitiría la elaboración de políticas públicas para la prevención y reparación integral en áreas estratégicas, como salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad; promover e implementar leyes específicas y dirigidas, como una Ley Integral Trans, que incluya cupos laborales y educacionales; y reformar la actual Ley Antidiscriminación, por mencionar algunas.
Nos encontramos frente a una elección presidencial donde está en juego el defender los derechos y reconocimientos en materias de género para seguir ampliando derechos, o estancarnos y retroceder derogando derechos ya establecidos. Estas elecciones son la posibilidad de tener un gobierno y una mayoría parlamentaria que instale transformaciones para saldar las deudas de la democracia, no solo con las mujeres y las disidencias sexuales y de género, sino que con todos los grupos históricamente excluidos.
En este contexto es que debe preocuparnos que el candidato presidencial de la extrema derecha intente vestirse de ropajes profundamente democráticos y como una persona no homofóbica, cuando asevera en el último debate presidencial de Anatel que nunca ha discriminado a alguien. Difícil creerle, cuando el mismo candidato omite la existencia de las disidencias sexuales y de género en su plan de gobierno, cuando promete modificar la Ley de Identidad de Género, cuando se ha opuesto al matrimonio y a la adopción igualitaria, y que desde que fue diputado promueve los discursos de odio en contra de la comunidad LGBTIQA+. Este mismo candidato es quien distingue entre personas legalmente casadas para otorgar los beneficios de la política pública, discriminando así por ejemplo a las mujeres jefas de hogar que representan el 83% de los hogares monoparentales; que ha prometido derogar la Ley de Aborto en caso de riesgo de vida de la mujer, de inviabilidad fetal letal y en caso de violación; que quiere fundir el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras cosas.
Junto con lo anterior, tras el aumento de la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio en contra de las comunidades sexodisidentes, es que necesitamos un mayor reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la comunidad LGBTIQA+. Esto implica crear una institucionalidad propia, como un Servicio Nacional Antidiscriminación que permitiría la elaboración de políticas públicas para la prevención y reparación integral en áreas estratégicas, como salud, trabajo, educación, vivienda y seguridad; promover e implementar leyes específicas y dirigidas, como una Ley Integral Trans, que incluya cupos laborales y educacionales; y reformar la actual Ley Antidiscriminación, por mencionar algunas.
Por lo tanto, en estas elecciones tenemos la oportunidad de expresar también por la vía institucional las transformaciones sociales y culturales que han sido demandadas por las personas, comunidades y organizaciones. El programa del candidato presidencial Gabriel Boric y la lista parlamentaria Apruebo Dignidad apuesta a construir un Chile más justo, más inclusivo y más democrático, un país y un parlamento más diverso, que integre a las distintas identidades que componen nuestra sociedad y, en particular, a los grupos históricamente excluidos, invisibilizados y apartados de los espacios de poder.
Claudia Pascual y Juan Pablo Ciudad
Claudia Pascual es antropóloga, ex ministra de la Mujer y candidata a senadora por la Región Metropolitana. Juan Pablo Ciudad es abogado, dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género (MUMS) y candidato a diputado por el Distrito 8.