Estamos cerca de la aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP). Si miramos un mapa del mundo, en donde por colores se señale qué países tienen matrimonio igualitario, cuáles tienen uniones civiles (equiparables a nuestro AVP) y cuáles no tienen nada, hoy nuestro país estaría en el mismo grupo con Arabia Saudita, Liberia, Rusia y otros tantos países que violan gravemente los derechos de la diversidad sexual. Tras la aprobación del AVP pasaremos a estar al lado de países como Alemania, Finlandia o Australia. Subiremos de pelo, pero ¿cuál es el propósito de las Uniones Civiles?
Si pensamos en la igualdad de derechos, las uniones civiles no nos sirven, porque no entregan el mismo instrumento, sino que se genera una categoría especial para aquellos que hoy lo tienen prohibido. El AVP tiene limitaciones que el Matrimonio Civil no tiene, pero para los grupos conservadores es mucho más permisible tener un mecanismo intermedio en vez de validar las uniones entre parejas del mismo sexo como tan valiosas y dignas de reconocimiento que las heterosexuales.
El asunto es que hay situaciones de facto de las que tenemos que hacernos cargo. Ya tenemos parejas que conviven y no pueden (del mismo sexo) o no quieren (heterosexuales) casarse, pero que necesitan declarar su situación de pareja para acceder a derechos tan variados como cuidar de la pareja enferma, acceder a beneficios sociales o sencillamente obtener el reconocimiento social de su unión. Por supuesto que una profunda reforma a la institución del matrimonio, que incluya a las parejas del mismo sexo, y que se adecúe a los tiempos actuales (en igualdad de género, mayor flexibilidad, menos limitaciones y acceso más expedito a derechos y beneficios) sería lo mejor para todos y todas. Esperar a que se den las condiciones para esa gran reforma sería irresponsable con la cantidad de parejas que necesitan ahora reconocimiento.
Contar con una forma de unión civil ¿garantiza que tenemos el mismo nivel de cumplimiento en Derechos Humanos que Alemania, Finlandia y Australia? El gobierno quizás pueda querer decir que sí, pero estamos todavía muy lejos. Nuestras leyes laborales no nos protegen de los abusos, la desigualdad económica, social y cultural es aberrante, nuestro sistema de pensiones ni si quiera puede entregar el sueldo mínimo a los jubilados, el acceso a la salud es precario, aún hoy existe tortura en cárceles y comisarías, nuestros pueblos originarios son amedrentados por el estado y la lista suma y sigue. Todos estos problemas los viven también las parejas y familias diversas, y desde MUMS estamos comprometidos con esas luchas.
Incluso nuestro AVP, hecho para paliar la falta de matrimonio igualitario, sindica a quienes lo contraen como homosexuales, aunque no lo sean, volviéndolos susceptibles a ser discriminados. En un país cuya ley antidiscriminación es paupérrima, sin otros recursos a los que acudir, sin políticas públicas contra la discriminación, el acuerdo de vida en pareja lo único que hace es poner de manifiesto que hoy existen ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.
En definitiva, el AVP es un analgésico. El dolor en nuestra sociedad sigue ahí, y requiere de transformaciones mucho más profundas, no sólo en la institución del matrimonio, sino en la sociedad completa y en cómo el estado se hace cargo de los DDHH y asegura su cumplimiento material. Quizás pasemos algunos meses, años, y el analgésico funcionará algún tiempo, pero seguiremos luchando por erradicar toda forma de discriminación, por el matrimonio igualitario, por el derecho a la diversidad familiar, por una sociedad efectivamente más justa con todos y todas, sin mejorales.