Por Paulina Acevedo / Observatorio Ciudadano /28 de enero de 2014
La instalación en el debate público y político de la demanda por una nueva constitución, mediante asamblea constituyente, y las manifestaciones de trabajadores por mejoras en las condiciones laborales, fueron relevados como las principales conquistas de la ciudadanía, permeando las agendas programáticas en un año electoral.
Por cuarto año consecutivo, diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos elaboraron un informe conjunto para dar cuenta de los avances y déficits del Estado chileno en sus compromisos con el sistema internacional de los derechos humanos, así como aportar elementos para el debate en torno a una agenda de derechos humanos que permita una mayor vigencia efectiva de estos derechos.
El informe releva distintas temáticas que en la actualidad conforman algunas de las principales vulneraciones a derechos fundamentales, algunos históricos frente a los cuales han insistido diferentes organismos internacionales en sus recomendaciones al Estado, como la situación de los derechos de pueblos indígenas, de la mujer y de los niñ@s y adolescentes, además de la violencia policial y las limitaciones a la libertad de expresión; así como también temáticas de reciente instalación, como los derechos de la población migrante y de la diversidad sexual, junto a problemáticas que han sido objeto de activa movilización durante el año pasado, como las vinculadas al medio ambiente, laborales y de pensiones, todas ellas relacionadas con la calidad de vida de las personas.
José Araya, coordinador del Informe y del Programa de Ciudadanía del Observatorio Ciudadano, destacó la ausencia de progresos importantes, afirmando que “el 2013 destaca por una insuficiencia total en materia de derechos humanos, y sin ningún progreso claro en algún ámbito específico”. Destacando, no obstante, que por otra parte existe “un cambio sustantivo de conciencia en la población, donde la gente demanda y exige cada vez más el resguardo de sus derechos, lo que permite adelantar procesos relevantes para el año que iniciamos, además con un gobierno distinto que por primera vez, desde el termino de la dictadura, lleva en un programa el cambio a la constitución, precisamente producto de la presión ciudadana, que es la gran conquista y logro de este año”, sostuvo.
Por su parte Martín Pascual, miembro de CENDA y Acción A.G., se refirió a los grandes niveles de desigualdad y la precariedad del empleo, destacando frente a lo primero un informe de la Universidad de Chile que “que contradicen a la Casen y que dan cuenta de que Chile es uno de los cinco países más desiguales del planeta”. En cuanto al empleo, que “de los puestos de trabajo creados por el gobierno de Piñera, 45,5% son tercerizados y 28,8% por cuenta propia; mientras que solo el 37% trabaja las 45 horas previstas por la ley y 27% más de ese horario, y de los que trabajan menos de ese tiempo semanal (35,4%), el 53% es involuntario por no encontrar trabajos de mayor estabilidad, constituyendo todo esto trabajo precario y subempleo, entendiéndose por lo mismo que el alto nivel de manifestaciones durante 2013 frente a estas realidades”, diagnosticó.
Paulina Solís, en representación de ACHNU, destacó que “a casi un cuarto de siglo de la ratificación de la Declaración de los derechos del Niño de Naciones Unidad Chile continúa sin contar con una ley de protección integral de la infancia, lo que incide profundamente en sus derechos, siendo importante destacar que Chile es además el único país de Latinoamérica que no cuenta con una legislación de este tipo”, señaló. Agregando que “si bien en abril de 2013 el gobierno ingresó un proyecto de ley, no le dio ninguna urgencia, por lo que permanecen sin movimiento en el Congreso, proyecto además que supedita los derechos de los niños a los deberes, lo que es inadmisible desde la perspectiva de los derechos humanos”, concluyó.
Finalmente Manuel Hidalgo, presidente de APILA, se refirió a la situación de los migrantes, que en Chile se acerca a las 415 mil personas, de acuerdo a cifras del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. Hidalgo se refirió a la situación de “desprotección que faculta la actual legislación migratoria, la más añeja de América Latina y que emana de un decreto de la dictadura, produciendo que hoy entre 60 a 80 migrantes se encuentren en situación irregular y expuestos a todo tipo de abusos”, advirtió.
EPU ante Consejo de DDHH de la ONU
La presentación del Informe coincidió con la revisión a la que fue sometido el Estado chileno esta mañana en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco de su segundo Examen Periódico Universal (EPU), donde debió informar sobre el cumplimiento e implementación de los distintos tratados de Naciones Unidas ratificados y vigentes en el país.
Al respecto, José Araya destacó que se presentaron un total de 16 informes alternativos por parte de organizaciones de la sociedad civil a este proceso, “lo que es también un claro indicador de los escasos progresos y más bien agudización que se verifican en múltiples situaciones vinculadas a derechos humanos. Las que además coinciden con las planteadas en el informe que damos a conocer el día de hoy”.
Araya destacó también los dos compromisos adquiridos en el marco de dicha examinación por el Estado, como es la revisión del uso de la ley antiterrorista e implementar a la brevedad un mecanismo nacional de prevención de la tortura, “sin lugar a dudas dos de los temas más urgentes y sensibles que el Estado debe abordar y resolver”, aseguró.